No hay empresa más importante para el Estado colombiano que Ecopetrol. Sin embargo, en estos últimos meses ha estado envuelta en escándalos de interceptaciones y dudas sobre su rentabilidad. 

La situación llegó a tal punto de que hoy funcionarios de la Procuraduría realizaron una inspección en la sede de la petrolera para investigar el contrato de consultoría que se firmó con Covington & Burling LLP, por 5.8 millones de dólares.

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El contrato tenía como objetivo ejecutar un análisis de riesgos reputacionales del presidente de la compañía, Ricardo Roa, "el cual fue modificado, al parecer, sin autorización de la junta directiva, como estrategia para interceptar comunicaciones internas a funcionarios de la entidad".

Al menos 70 funcionarios, entre la junta directiva, habrían sufrido retención y preservación de comunicaciones e información digital y física, a raíz del contrato con la firma estadounidense.

Ecopetrol aseguró que entregó toda la información a los funcionarios del Ministerio Público bajo "estrictos protocolos de integridad, trazabilidad y confidencialidad".

#Colombia | La Procuraduría realiza inspección judicial en oficinas de Ecopetrol en Bogotá. Busca pruebas sobre contrato con la firma estadounidense Covington & Burling. #Ecopetrol #Procuraduría #Investigación pic.twitter.com/36d3bTPjUN

— EL FRENTE (@diarioelfrente) June 4, 2025

Roa declaró que son "falsas" las acusaciones de interceptaciones dentro de la compañía y descartó que haya participado o haya sido informado de la suscripción del contrato.

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No obstante, en documentos dentro de la empresa existirían comprobantes de la firma de un otrosí por parte de integrantes de la compañía, siendo el principal señalado Alberto José Vergara Monterrosa, director Corporativo de Cumplimiento de Ecopetrol.

Este supuesto contrato suscrito con Covington & Burling LLP generó la salida de la junta de Mónica de Greiff y, como si fuera poco, se han conocido denuncias por acoso contra Vergara Monterrosa.

El escándalo se suma a que la Procuraduría también está investigando a Roa por presunto conflicto de interés al comprar un millonario apartamento en Bogotá a un empresario del sector petrolero, un año antes de llegar a la empresa estatal. Le costó $1.800 millones.

El órgano de control explicó en un comunicado que la investigación busca establecer si Roa incurrió en una "falta disciplinaria" y, por ello, solicitó a la petrolera confirmar si su presidente ha presentado y actualizado regularmente su declaración de conflicto de intereses.

Ricardo Roa es un nombre marcado por la polémica, puesto que también tiene la lupa encima por su papel como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

El Consejo Nacional Electoral formuló pliego de cargos en su contra por presuntas irregularidades en la financiación.

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No obstante, el presidente de la empresa dijo hoy que la "solidez del grupo Ecopetrol no está en entredicho" y que está enfrentando una "campaña de desprestigio sistemática" .

Indicó que han alcanzado "logros importantes" en la actividad exploratoria, aumentando la producción y entregando transferencias históricas a la nación.

"Nadie ni nada podrá detener su crecimiento", expresó el alto funcionario.

La petrolera cerró 2024 con un beneficio neto de unos 4.500 millones de dólares, una caída del 21,8 % con respecto al año anterior.